“Seamos libres, lo demás no importa. Aquí les dejo la gloria”

En el día de la fecha el Colegio Profesional de Licenciados en Administración de Mendoza (CLAM) Ley 8.765,  da a conocer el fallo de la Suprema Corte de Justicia en el que resuelve:  “Rechazar la acción de inconstitucionalidad deducida, a fs. 11/20, por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Mendoza”.

Lo que se ha logrado es muy importante para la profesión del Licenciado en Administración, en cualquiera de sus orientaciones.

Por lo tanto, se da por finalizado el conflicto que se tenía con el CPCE, en cuanto a la “supuesta” inconstitucionalidad de nuestra Ley 8.765 “Marco regulatorio para la profesión del Licenciado en Administración en la provincia de Mendoza”.

El mensaje del Presidente del CLAM, Prof. Lcdo. Héctor Stoppini, al conocer el fallo: ” les sugiero a mis colegas pasión por la Administración. Los esfuerzos siempre rinden sus frutos. El proyecto profesional esta consolidado. Seamos libres, lo demás no importa. Aquí les dejo la gloria”.

A continuación se puede encontrar el fallo a favor del CLAM:

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA – SALA PRIMERAPODER JUDICIAL MENDOZAfoja: 303

CUIJ: 13-03585427-9()

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE MENDOZA C/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA P/ ACCIÓN INCONSTITUCIONALIDAD

*103609320*

 

En Mendoza, a un día del mes de setiembre del año dos mil diecisiete, reunida la Sala Primera de la Excma. Suprema Corte de Justicia, tomó en consideración para dictar sentencia definitiva la causa N° 13-03585427-9, caratulada: “CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE MENDOZA C/GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA S/ ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD”.

Conforme lo decretado a fs. 302 se deja constancia del orden de estudio efectuado en la causa para el tratamiento de las cuestiones por parte de los Señores Ministros del Tribunal: primero: Dr. Alejandro PEREZ HUALDE; segundo: Dr. Jorge Horacio NANCLARES; tercero: Dr. Julio Ramón GOMEZ.

ANTECEDENTES:

A fs. 11/20 se presenta Eduardo Félix Marroquín, en nombre y representación del CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE MENDOZA, con la pretensión de que se declare la inconstitucionalidad de la Ley N° 8.765 (B.O. 05/01/2015) y del Decreto N° 2293/2014, por el cual se promulga y ordena publicar la referida ley, en cuanto desnaturaliza el título y profesión de Licenciado en Administración y crea el Colegio Profesional de Licenciados en Administración de la Provincia de Mendoza, atentando contra los arts. 5, 31, 27, 75 inc. 22 2da. parte, 75 inc. 22 1ra. parte, 75 inc. 24, 28, 99 inc. 3, 76, 99 inc. 2, 75 inc. 18 y 121 de la Constitución Nacional; art. 1 de la Constitución de Mendoza y disposiciones de las Leyes Nacionales N° 20.488, 24.521, 22.207 y la Resolución N° 1.560/80 del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. Solicita medida cautelar por la cual se ordene al Colegio Profesional de Licenciados en Administración de Mendoza, abstenerse de ejercer cualquier acto de aplicación de la Ley Provincial N° 8.765, restableciendo las facultades al Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Mendoza, conferidas por Ley N° 5.051 en lo relativo al ejercicio profesional de los Licenciados en Administración de la Provincia.

A fs. 26/31 el Gobierno de la Provincia contesta la vista concedida de la cautelar solicitada.

A fs. 33 se cita al Colegio Profesional de Licenciados en Administración de Mendoza para que comparezca al proceso a fin de admitir o rechazar la citación formulada.

A fs. 50/56 vta. obra presentación de Héctor Félix Stoppini y de Patricia Eugenia Augusto, en carácter de Presidente y Secretaria del Consejo Directivo del Colegio Profesional de Licenciados en Administración de Mendoza. A fs. 108 los mismos acreditan personería.

A fs. 110/111 se presentan Ramón Vicente Nicastro y Daniel Carlos Feldman, en carácter de Presidente y Secretario, respectivamente, de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas y manifiestan adhesión a los argumentos, planteos y petitorios vertidos en la demanda interpuesta por el Consejo accionante.

A fs. 115/121 vta. Fiscalía de Estado contesta la vista otorgada de la cautelar peticionada.

Por auto de fs. 132/135 vta. se desestima la medida cautelar, con costas y se emplaza a los presentantes de fs. 110 y vta. a que aclaren en qué carácter pretenden intervenir en el proceso así como acrediten su interés en la causa.

A fs. 137 la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas se presenta manifestando que no ha tenido intención de hacerse parte en las actuaciones.

A fs. 147 se corre traslado de la demanda al Gobierno de la Provincia, al Colegio de Licenciados en Administración de Mendoza y a Fiscalía de Estado.

A fs. 150/169 vta., contesta la demanda el referido Colegio, a fs. 173/175 lo hace el Gobierno de la Provincia y a fs. 186/190 vta Fiscalía de Estado.

A fs. 192 se ordena el desglose y devolución al interesado de la presentación de fs. 179/181.

Por auto del 19/10/2015 se aclara que el Consejo Profesional de Licenciados en Administración de Mendoza interviene en calidad de litisconsorte coadyuvante de la parte demandada para la defensa de un interés jurídico propio y se abre la causa a prueba (fs. 193 vta.).

A fs. 208 se admiten las pruebas ofrecidas por las partes.

A fs. 271/276, se agrega el alegato de la actora, a fs. 278/282 el del Consejo Profesional de Licenciados en Administración de Mendoza; a fs. 284/285 el de la demandada y a fs. 288/291 el de Fiscalía de Estado.

A fs. 294/296 vta. dictamina la Procuración General, quien propicia el rechazo de la demanda.

De conformidad con lo establecido por el art. 160 de la Constitución de la Provincia, esta Sala se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

P R I M E R A: ¿Es procedente la acción de inconstitucionalidad interpuesta?

S E G U N D A: En su caso, ¿qué solución corresponde?

T E R C E R A: Pronunciamiento sobre costas.

SOBRE LA PRIMERA CUESTION EL DR. ALEJANDRO PEREZ HUALDE, DIJO:

I.- RELACIÓN SUSCINTA DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS.

  1. A)Posición de la actora.

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Mendoza, interpone acción de inconstitucionalidad de la Ley N° 8.765 (B.O. 05/01/2015) y del Decreto N° 2293/2014, por el cual se promulga y ordena publicar dicha norma, en cuanto desnaturaliza el título y profesión de Licenciado en Administración y crea el Colegio Profesional de Licenciados en Administración de la Provincia de Mendoza, atentando contra los arts. 5, 31, 27, 75 inc. 22 2da parte, 75 inc. 22 1ra parte, 75 inc. 24, 28, 99 inc. 3, 76, 99 inc. 2, 75 inc. 18 y 121 de la Constitución Nacional; art. 1 de la Constitución de Mendoza y disposiciones de las Leyes Nacionales N° 20.488, 24.521, 22.207 y la Resolución N° 1.560/80 del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. Solicita medida cautelar por medio de la cual se ordene al Colegio Profesional de Licenciados en Administración de Mendoza, a abstenerse de ejercer cualquier acto de aplicación de la Ley Provincial N° 8.765, restableciendo las facultades al Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Mendoza, conferidas por Ley N° 5.051 en lo relativo al ejercicio profesional de los licenciados en administración de la Provincia.

En orden al plazo de interposición de la acción, señala que la entrada en vigencia de la norma impugnada ha sido el hecho que afecta los intereses de su parte. Precisa que la norma en cuestión se publicó el día 05/01/2015 y entró en vigencia el 13/01/2015, dado que no determina expresamente en su articulado un plazo a tal fin, debiendo adicionarse ocho días a la fecha de publicación.

Respecto al interés jurídico base de su acción, expresa que la norma desnaturaliza el título y profesión de Licenciado en Administración y que su legitimación surge del carácter de persona jurídica pública no estatal creada por Ley N° 5.051 (conf. Ley Nacional N° 20.488), en virtud de lo cual es la única entidad facultada para ejercer la policía del ejercicio profesional de las ciencias económicas. Manifiesta que dichas normas atribuyen a su parte la competencia en la aplicación y regulación de los derechos y obligaciones en el ejercicio profesional (Economía, Administración, Contador Público y Actuarios, o sus equivalentes). Sostiene que la norma cuestionada produce un agravio constitucional actual, cierto y no meramente abstracto, conjetural o hipotético y priva a su parte de ejercer la competencia conferida por la Ley N° 20.488 en orden a la matriculación de los profesionales Licenciados en Administración, al ejercicio de facultades disciplinarias y demás previstas por su art. 22. Expresa que también agravia la composición del Consejo Directivo y los recursos del Consejo Profesional, según lo dispuesto por los arts. 41 y 42 de la Ley 5.051. Alega que de considerar válida la Ley N° 8.765 se afectarían todos los servicios que el Consejo Profesional ofrece a los Licenciados en Administración, tanto a nivel provincial como nacional, teniendo en cuenta que la entidad mendocina es miembro de la Federación Nacional de Consejos de Ciencias Económicas.

Invoca que la Ley N° 8.765 resulta violatoria de la Ley Nacional N° 20.488 (arts. 1 y 19), en tanto la norma federal establece que en cada una de las provincias funcionará un Consejo Profesional en el cual deberán matricularse los profesionales referidos en el art. 1 (Licenciado en Economía, Contador Público, Licenciado en Administración, Actuario y sus equivalentes), el que tendrá las funciones que le otorga esa norma, sumada a las que dispusiera cada una de las provincias como titulares del poder de policía en el ejercicio de las profesiones. Sostiene que en Mendoza, por Ley N° 5.051, se reguló el ejercicio de las profesiones de ciencias económicas (entre las cuales se incluye la Licenciatura en Administración) y en el Título III se creó el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, todo en concordancia con la Ley N° 20.488.

Señala que la Ley cuestionada sustrae a la Licenciatura en Administración del ámbito de las ciencias económicas y establece su ámbito de incumbencias, crea el Colegio Profesional de Licenciados en Administración de Mendoza, modificando el alcance de las profesiones normadas por la Ley 5.051 y atentando contra la letra y espíritu de la Ley 20.488 que dispuso que el ejercicio de las profesiones de su art. 1 debe estar bajo la órbita de un consejo profesional por cada jurisdicción. Manifiesta que coexistiría el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Mendoza y el Colegio Profesional de Licenciados en Administración de Mendoza.

Destaca las consideraciones expresadas por el legislador nacional, en especial que éste no cuestiona que el poder de policía del ejercicio profesional le es propio a las autoridades locales y que en el mismo sentido lo interpreta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero que la Ley N° 20.488 establece normas de carácter general referentes al ejercicio profesional relacionado a las ciencias económicas, conforme las atribuciones del Congreso estipuladas en el art. 75 inc. 18 de la C.N. Considera que en el caso de dicha ley, la atribución ejercida por el Estado Central deviene en concurrente con el poder de policía de las provincias, en razón de la cláusula del progreso, en tanto dicha atribución no ha sido expresamente reservada por éstas.

Alega que en punto a las facultades concurrentes, la Corte Nacional -con estribo en la cláusula del progreso-, hace prevalecer la decisión federal en tanto medie supuesto de “repugnancia efectiva”, no así cuando existe margen para observar ambos extremos. Entiende que dicha jurisprudencia vino a redefinir la dimensión y entidad de la autonomía provincial, al sostener que las provincias resultan competentes para emplear las facultades que no hayan sido delegadas ni expresa ni implícitamente, siempre que su ejercicio no resulte prohibido por el Estado central en los términos de las cláusulas del progreso, o importe repugnancia efectiva a la luz de aquella cláusula, o de la del comercio o de los poderes implícitos.

Sostiene que la ley nacional legisla un marco general sobre la atribución constitucional de la cláusula del progreso, y en el caso en análisis resulta ignorado por el legislador local al oponerse a una finalidad de bienestar general ante la cual debe ceder por mandato preambular.

Resalta que la Ley N° 20.488 establece que el ejercicio de la profesión de Licenciado en Economía, Contador Público, Licenciado en Administración, Actuario y sus equivalentes queda sujeto a dicha norma, que es obligatoria la inscripción en las matrículas del Consejo Profesional en que se desarrolle la actividad (art. 1) y que tanto en las provincias como en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el caso que lo dispusieran, funcionaría un Consejo Profesional al que se refiere el art. 1 (art. 19). Alega que en ese sentido lo sostienen las restantes 22 provincias y la Ciudad Autónoma, como consecuencia de sus propias legislaciones, posibilitando así el armónico desarrollo y regulación de las profesiones afines a las ciencias económicas en todo el país mediante la creación de UN Consejo Profesional de Ciencias Económicas en cada una de ellas.

Manifiesta que la Ley N° 8.765 en su art. 1° establece la sujeción del ejercicio de la profesión de Licenciado en Administración a dicha norma, disponiendo la aplicación supletoria de la legislación vigente en la materia (Ley N° 20.488) y que la norma impugnada redefine la naturaleza del título de Licenciado en Administración, a través de una redacción oscura y confusa y que esta redefinición se refleja en la identificación de una serie de títulos universitarios -distintos entre sí y con diferentes ámbitos de incumbencia- con el título de Licenciado en Administración.

Considera que la norma avanza sobre atribuciones federales, regulando el alcance de los títulos universitarios y fijando habilitaciones e incumbencias de los mismos. Entiende que es el orden federal el que otorga validez nacional a los títulos y fija las habilitaciones e incumbencias, implicando ello que es él quien determina la idoneidad de un profesional para realizar los actos que constituyan el ejercicio mismo de su profesión, ello en virtud a lo normado por el art. 75 inc. 18 de la C.N.; arts. 40, 41, 42 y 43 de la Ley de Educación Superior N° 24.521; art. 61 de la Ley N° 22.207 y Res. N° 1560/80 del Ministerio de Cultura y Educación.

Denuncia que la Ley N° 8.765 sustrae a la Licenciatura en Administración de Empresas de la órbita de las profesiones relativas a las Ciencias Económicas, creando un Colegio Profesional de Licenciados en Administración de Empresas paralela al Consejo Profesional de Ciencias Económicas, lo cual importa en el primer caso, avanzar sobre atribuciones exclusivas del Estado Federal, y en el segundo, el ejercicio de un poder concurrente al de la autoridad central -que al tratarse de una norma incompatible y en repugnancia con la Ley N° 20.488 cede ante la preeminencia de la legislación federal.

  1. B)Posición del Colegio Profesional de Licenciados en Administración de Mendoza.

A fs. 150/169 vta. contesta demanda dicho Colegio, quien interviene en carácter de litisconsorte coadyuvante de la parte demandada para la defensa de un interés jurídico propio.

Relata los antecedentes del caso. En particular, señala que en el año 1973 el gobierno de facto dictó el Decreto-Ley N° 20.488 (B.O: 23/07/1973) por medio del cual estableció distintas normas de carácter general, tendientes a regular el ejercicio de las profesiones relacionadas con las ciencias económicas. Resalta la ilegitimidad de origen de la norma y que el propio gobierno de facto reconoció las facultades locales para dictar las normas relativas a la policía del ejercicio profesional. Consigna que la Provincia en uso de las referidas facultades, dispuso crear el Consejo Profesional de Ciencias Económicas (Ley N° 5.051) que regula el ejercicio de las profesiones de ciencias económicas en el ámbito provincial.

Invoca que operó una fuerte tendencia hacia lo estrictamente económico contable impositivo y que los Consejos Profesionales de Ciencias Económicas ocuparon gran parte de su quehacer y preocupación en la rama de la contaduría pública. Sostiene que la ausencia de reglamentaciones relacionadas con la Licenciatura en Administración, dejó en un estado de “orfandad” a los profesionales de esa área, lo cual permitió que otras disciplinas avanzaran sobre incumbencias propias de la misma y que un grupo de Licenciados en Administración, propusieron crear una Asociación que los nucleara, logrando personería jurídica mediante Resolución N° 112 de la Dirección de Personas Jurídicas de Mendoza (17/06/1985).

Resalta el crecimiento vertiginoso y desarrollo de los planes de estudio de las Ciencias de la Administración, así como que en Mendoza en la actualidad existen más de 1500 Licenciados en Administración de Empresas y Licenciados en Administración egresados de las diferentes Universidades.

Alega que la puesta en marcha de la Asociación de Licenciados en Administración de Empresas sirvió de base para el análisis de la situación de la profesión y la detección de las carencias evidenciadas en el régimen legal vigente, en el cual no se contemplan los nuevos campos de especialización abiertos en los últimos años y la falta de dignificación y divulgación de la Ciencia de la Administración, sus incumbencias profesionales y la revalorización social de la profesión, no existiendo un liderazgo organizacional transformador.

Señala que receptando dichos objetivos, la Legislatura estimó necesario proceder a crear el Colegio Profesional de Licenciados en Administración, con la finalidad de dar respuestas a los requerimientos específicos de los profesionales de la Licenciatura en Administración y sus disciplinas equivalentes.

Sostiene que por ser la Ciencia de la Administración una Ciencia Social aplicada, se entiende que la profesión de Licenciados en Administración y sus disciplinas equivalentes, debe tener un marco legal propio, contenido en el ámbito del Colegio de Licenciados en Administración, entendiendo que éste es el organismo que puede dar rápida respuesta a las incumbencias profesionales, hacer cumplir las normas éticas de la profesión, dictar resoluciones técnicas y brindar amparo gremial y social. Concluye en que el legislador provincial ha sancionado la Ley N° 8.765 respondiendo a los requerimientos actuales que presente el ejercicio de las funciones de policía de las profesiones relacionadas con la Ciencia de la Administración, contemplando las necesidades de estas últimas de cristalizar su importante dimensión social y, fundamentalmente, de no continuar siendo postergada por las disciplinas contables que desde el dictado de la Ley N° 5.051 han prevalecido en la dirección del Consejo Profesional de Ciencias Económicas.

Señala como primer obstáculo insalvable al progreso de la acción, la circunstancia de no indicarse aquellas normas de la Ley N° 8.765 que se atacan, resaltando que la Ley posee 92 artículos y la absoluta falta de indicación de las disposiciones de la misma que concretamente serían objeto de reproche constitucional, o en caso de que fueran atacadas todas sus disposiciones, la completa falta de tratamiento individualizado y concreto de cada una de tales normas y de su supuesto desapego al texto constitucional.

Invoca que ninguna duda existe respecto de la ineludible exigencia que existía de atacar cada disposición de la Ley, indicando -por separado- los agravios constitucionales que específicamente suscitara cada una de ellas, dado algunas disposiciones están destinadas a reglamentar las condiciones del ejercicio de la policía de la profesión, otras a crear el ente público no estatal que tendrá a su cargo el control de la matrícula (arts. 1 a 4, 6 a 8, 10, 12 a 18) y regular su funcionamiento (arts. 5, 9, 11, 19 a 54, 67 a 81), a establecer el régimen sancionatorio y de control del cumplimiento de las normas éticas (arts. 55 a 66), a reglar las consecuencias del ejercicio ilegal de la profesión (arts. 82 a 84), a introducir modificaciones a la Ley 5.051 (arts. 88 y 89) y a declarar de orden público sus disposiciones (art. 90). Sostiene que este cúmulo de disposiciones no mereció tratamiento particularizado alguno por parte de la actora.

Considera que el Tribunal no podría suplir estas omisiones declarando “de oficio” la inconstitucionalidad de alguna o varias disposiciones de la Ley, ya que estaría arrogándose funciones propias de Tribunales Constitucionales, que no pueden ser admitidas en nuestro diseño constitucional apoyado en un sistema de control judicial difuso y en el que la jurisdicción sólo puede actuar frente a un caso.

Plantea la falta de legitimación sustancial activa, en virtud de que la accionante sólo invoca agravios que revisten carácter general, abstracto, hipotético y conjetural, advirtiéndose una falta de interés en la acción. En particular, alega que la actora afirma que la ley impugnada “desnaturaliza” el título y profesión de licenciado en Administración, sin indicar qué normas de la ley producirían tal efecto ni explicitar las razones que conducen a efectuar tal afirmación.

Sostiene que el Consejo, como persona pública no estatal creada por el Estado provincial que le ha delegado el ejercicio de funciones públicas, carece de un derecho adquirido a “conservar” el control de la matrícula de las profesiones dada por Ley 5.051. Destaca que sus autoridades son creadas y constituidas por el Estado, que puede en cualquier momento retomar el ejercicio de las facultades públicas delegadas. Manifiesta que lo mismo cuadra decir respecto de la composición del Consejo Directivo y de su Tribunal de Etica, ya que no se alcanza a comprender de qué modo puede alegar verse “agraviada” la actora por la puesta en vigencia de la Ley 8.765. Expresa que el Consejo debe proceder a ajustar su composición a aquellos lineamientos que el legislador ha establecido. En particular, señala que en la composición de los órganos directivos del Consejo, tradicionalmente no ha contado con ningún Licenciado en Administración, en tanto que entre los consejeros titulares, consejeros suplentes, miembros titulares y miembros suplentes del Tribunal de Etica, se encuentra en la actualidad un solo Licenciado en Administración en cada cuerpo, con lo cual no se advierte cuál será la afectación que denuncia la actora.

Arguye que la manifestación efectuada por la accionante, en orden a que con la sanción de la Ley 8.765 dejarían de ser prestados a sus destinatarios todos los servicios que el Consejo Profesional ofrece a los Licenciados en Administración, no advierte que éstos gozarán de los servicios que les brindara el Colegio Profesional de Licenciados en Administración y que ésta es justamente la solución que ha previsto el legislador.

Para el caso en que no se admitan las defensas opuestas al progreso de la acción, expone las razones de orden sustancial en virtud de las cuales considera que tampoco puede admitirse la acción deducida por la actora. Sostiene que la norma resulta ajustada al texto constitucional provincial, así como a las leyes nacionales N° 20.488, Ley N° 24.521, N° 22.207 y a la Res. N° 1560/80 del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. Alega que la reglamentación que ha efectuado el legislador local es razonable, adecuada y en modo alguno invade competencias delegadas al Gobierno Federal, así como tampoco contradice las disposiciones de la Ley N° 20.488, respecto de las cuales no se vislumbra la existencia de una “repugnancia efectiva” como la denunciada en la demanda.

Invoca la existencia de una forzada y errónea interpretación de los arts. 1° y 19° de la Ley. N° 20.488, en tanto deriva de tales preceptos que la utilización de la palabra “un” en el art. 19 haría referencia a un “único” colegio en cada provincia y vedaría a las mismas la facultad de organizar institucionalmente las entidades públicas no estatales que se encontrarían a cargo del control de la matrícula. Manifiesta que la interpretación que propone la actora fue objeto de un detenido análisis durante el trámite de sanción de la ley impugnada, siendo desechada tanto en los dictámenes de comisiones como en los informes técnicos legales previos a que tuvieran lugar las sesiones en las que se trató la cuestión relativa a la constitucionalidad de la norma finalmente sancionada.

Sostiene que corresponde al legislador local sobre la base de las circunstancias que se presenten en cada jurisdicción, determinar si debe existir en la misma una sola entidad o más de una para las distintas profesiones y alega que efectuar una interpretación contraria, importaría desconocer por completo las autonomías provinciales y las facultades legisferantes que se desprenden de las mismas.

Cita el pronunciamiento del Alto Tribunal Nacional emitido en la causa “Ferrari c/Gobierno Nacional” (1985), así como el precedente “Cadopi c/Provincia de Buenos Aires” (1997).

Consigna no compartir el carácter concurrente que la actora atribuye a esas competencias, así como tampoco las consecuencias que pretenden extraer de dicha interpretación. Sostiene que la facultad de crear y organizar los colegios profesionales constituye una facultad de las provincias y no de la Nación y que el Alto Tribunal Nacional pacíficamente tiene dicho que en uso de las facultades reservadas (art. 121 C.N.), no concurrente, las provincias pueden reglamentar la práctica de las profesiones liberales y crear entidades públicas no estatales que ejerzan la policía de la actividad (Fallos 156:290; 197:569; 203:100; 209:28; 210:172; 224:300; 237:397; 247:277; 286:187; 302:231; 305:1094; 308:987; 312:1340).

Invoca que esa pacífica e inveterada jurisprudencia ha sido tergiversada en el escrito inicial, al pretender derivar de la misma una supuesta e inexistente facultad concurrente entre la Nación y las provincias para organizar institucionalmente el control de la matrícula de las profesiones.

Arguye que, como sostiene la Corte Federal, la facultad de crear y organizar los Colegios Profesionales constituye una potestad de las provincias y no de la Nación y que ello es una consecuencia directa de la facultad que se han reservado las provincias de darse sus propias instituciones locales (arts. 1, 5, 121, 122 y 126 de la C.N.). Manifiesta que prueba acabada de lo expresado, es que en todas las provincias y, en particular, en Mendoza, se han dictado una innumerable cantidad de leyes por medio de las cuales se crean y organizan los Colegios Profesionales.

Sostiene que mediante el dictado de la Ley 8.765 el legislador en modo alguno ha pretendido “excluir” a los Licenciados en Administración de las prescripciones de la Ley 20.488 (así como tampoco lo hizo con los contadores al sancionar la Ley 5.051), lo cual surge evidente de la remisión expresa que se efectúa a la Ley 20.488 en el articulado de la Ley 8.765.

Plantea que la pretensión deducida no podría ser admitida aún cuando, colocándonos en la posición más favorable a la interpretación que propone la actora, se partiera de la base de que las facultades son concurrentes en materia de organización de los colegios profesionales, dado que la Ley 20.488 no sólo no impide que las provincias creen más de un Consejo o Colegio Profesional en cada una de ellas, sino que siempre deja a salvo la decisión que al respecto se adopte en jurisdicción provincial. Destaca el contenido de los fundamentos del Mensaje de Elevación del Proyecto al Presidente de facto, así como también la letra del art. 19 de la Ley 20.488 y del art. 23°.

Sostiene que de lo expuesto surge que, en modo alguno, la Ley 8.765 viola las disposiciones de la Ley 20.488, no pudiendo predicarse una supuesta violación al orden de prelación normativa establecido por el art. 31 de la C.N. Señala que debe tenerse presente que, tratándose del ejercicio de facultades legislativas propias de derecho público local, las normas que dicta el Congreso no pueden considerarse “superiores” a las dictadas por la legislatura local en uso de competencias que se ha reservado expresamente en el texto constitucional.

En orden a los alcances que corresponde atribuir al art. 31 de la C.N., señala que la más autorizada doctrina constitucionalista se ha pronunciado en el sentido de afirmar que la supremacía que establece dicho artículo respecto de las leyes dictadas por el Congreso, rige respecto de las facultades que constitucionalmente le han sido asignadas a éste último, como por ejemplo en el art. 75 inc. 12, pero no respecto del derecho público local que posee un ámbito de actuación distinto, así como que la supremacía puede ser de las leyes provinciales sobre las nacionales, cuando aquéllas hayan sido sancionadas por las legislaturas en consecuencia de los poderes que la Constitución Nacional les ha reconocido y cuando las sancionadas por el Congreso hayan excedido los límites de su competencia o jurisdicción.

Alega que lo expuesto sería de aplicación en el caso en el supuesto de que el legislador nacional hubiese invadido competencias propias de las provincias, lo que hubiese ocurrido si dictaba una norma que impusiera a las provincias el modo de organizar sus instituciones locales, estableciendo por ejemplo que debía existir un único Consejo Profesional, resultando claro que ello no ha ocurrido, ya que el legislador nacional al sancionar la Ley N° 20.488 ha respetado las facultades locales para darse sus propias instituciones y ha dejado librado a cada provincia la determinación de la manera de organizar los Consejos Profesionales en las distintas jurisdicciones.

Señala que una cuestión distinta a la analizada es la referida a la constitucionalidad de las normas que regulan el ejercicio profesional de la actividad y que si bien parece claro que las normas contenidas en la Ley 8.765 respetan por completo la letra y el espíritu de la Ley N° 20.488 y la C.N. y el resto de la legislación nacional y provincial, en la presentación efectuada por la actora no se efectúa objeción alguna respecto del articulado de dicha Ley.

Destaca que la Ley se ajusta en lo sustancial y en términos generales a los lineamientos fijados por el mismo legislador provincial al sancionar la Ley N° 5.051, siendo que ambas normas provinciales no constituirían otra cosa que el ejercicio por parte del legislador provincial de facultades que la Constitución Nacional le ha reservado expresamente, respetándose en ambos casos los lineamientos fijados por la Ley 20.488.

Expresa que en materia de regulación de las actividades profesionales, si bien las competencias corresponden por principio a las Provincias, en algunos aspectos las mismas pueden llegar a ser “concurrentes”, razón por la cual, ambos órdenes -nacional y provincial- poseerían facultades para legislar sobre la materia, pero sólo debe considerarse que prevalece la nacional en caso de que existiese una “manifiesta incompatibilidad” entre ambas regulaciones, lo cual no se presenta en el caso en el que, la demandada no ha siquiera alegado la incompatibilidad de las normas locales con las de la Ley 20.488, limitándose a formular referencias genéricas y dogmáticas.

  1. C)Posición del Gobierno de la Provincia de Mendoza.

Sostiene que el planteo de inconstitucionalidad formulado por la actora asienta sus fundamentos en una errónea y sesgada interpretación del art. 1° de la Ley N° 20.488, entendiendo que éste determina de manera taxativa que únicamente podrá existir un (1) Consejo Profesional, vinculado con el ejercicio de las profesiones vinculadas con las ciencias económicas y que por ello la Ley N° 8.765 resulta inconstitucional, en tanto viola tal especificación y crea otro Consejo Profesional más, atinente a una especialidad vinculada con las citadas disciplinas.

Entiende que tal lectura de la norma en cuestión, resulta no sólo errónea (puesto que la exigencia contemplada en el citado art. 1° refiere únicamente a la inscripción ante los Consejos Profesionales de las jurisdicciones, sin especificar, como pretende la actora, que será solo uno por rama del conocimiento), sino además contraria al sistema federal de gobierno impuesto por la Carta Magna, al pretender imponer una norma nacional sobre las competencias reservadas por las Provincias, en virtud de la cláusula establecida en los arts. 121, 122 y cc. de la C.N.

Señala que tampoco acredita la actora, aunque sea sumariamente, cuál es concreta y específicamente el agravio que le ocasiona la norma cuestionada. No se especifican lesiones, perjuicios económicos o morales que impliquen un daño cierto y concreto a sus intereses.

Alega que prueba de lo expuesto es lo ocurrido con el Colegio de Agrimensura de Mendoza, el cual se escindió del Consejo Profesional de Ingenieros y Geólogos de la Provincia, del cual formaba parte, demostrando que la creación de un Consejo nuevo no acarrea lesión constitucional que justifique la declaración de ilegitimidad de la misma.

Añade que como un elemento más de convicción, se suma la presunción de legitimidad de la cual goza el acto estatal impugnado, resultando la declaración de inconstitucionalidad la última ratio a la cual se debe recurrir al momento de juzgar.

Por último, adhiere expresamente a los argumentos expuestos por el Colegio de Licenciados en Administración de Mendoza en su contestación de demanda y a la prueba documental ofrecida por el mismo.

  1. D)Posición de Fiscalía de Estado:

Solicita la desestimación de la demanda con costas.

Al efecto, resalta en primer lugar, el carácter de orden público que poseen las disposiciones de la Ley 8.765 (art. 90), circunstancia que ilustra sobre el interés general en la materia que regula.

Consigna que de los términos de la acción no se desprende cuáles serían los derechos conculcados, conteniendo sólo afirmaciones genéricas de la supuesta pérdida de beneficios que obtienen en el actual Consejo Profesional de Ciencias Económicas que abarcaba a los profesionales en licenciatura en administración.

Alega que la norma cuestionada protege y fortalece aún más los intereses profesionales de los licenciados en administración, con un régimen específico a sus funciones y actividades, brindando un trato individual y primordial a su profesión.

Sostiene que las alegaciones sobre la supuesta lesión ocasionada, constituyen una expresión vaga y general, sin acreditar o fundamentar desde el punto de vista técnico cual es el perjuicio o daño que le produce. Alega que por ello la acción promovida adolece de un requisito esencial.

Considera que la interpretación que formula la actora respecto del art. 19 de la Ley N° 20.488 resulta forzada, pues es de absoluta competencia local definir si debe existir una sola entidad o puede existir más de una para otras profesiones, lo que se hará según las circunstancias y realidades de cada Provincia.

Destaca que debe tenerse en cuenta también que la Ley N° 20.488 posee más de 42 años de vigencia y que en la actualidad existen una diversidad y cantidad de egresados en la profesión de licenciados en administración que necesitan estar agrupados en su propio colegio.

Señala el principio según el cual no existen fundamentos para declarar la inconstitucionalidad de una norma cuando los agravios que genera tienen su origen en una incorrecta aplicación de la misma y no en su propio contenido y sostiene que es evidente que no puede interpretarse la literalidad del art. 19 de la Ley N° 20.488 en el sentido que sólo puede haber en la Provincia un solo organismo o colegio que agrupa distintas y diversas profesiones.

Invoca la gravedad institucional que implica la declaración de inconstitucionalidad de una ley o de cualquiera de sus partes. Expresa que se trata de un típico caso de actividad discrecional, en la cual el Poder Legislativo, en vista de las necesidades públicas del momento, ha tomado una resolución que considera se adecua a la consecución de los objetivos fijados, sin afectar las garantías y derechos constitucionales de los actores.

  1. E)Dictamen de la Procuración General.

A fs. 294/297 dictamina la Procuración General, quien señala que la cuestión medular a dilucidar es si la sanción de la Ley 8.765 y el tenor de la misma se inserta en las facultades no delegadas por la Provincia al poder central o si, por el contrario, constituyen facultades concurrentes y en su caso si desborda las previsiones de la ley nacional.

Consigna que no se llega a advertir que la norma puesta en crisis incursione en la determinación de las incumbencias de los Licenciados en Administración de Empresas cuyos títulos hayan sido expedidos por universidades públicas o privadas, sino que solamente se refiere a la reglamentación en el ámbito provincial de su desempeño, lo que incluye la colegiación en una entidad distinta de la que los contenía hasta ese momento.

Entiende que la reglamentación del ejercicio de las profesiones liberales y/o independientes, constituye un poder no delegado por la provincia al poder central (art. 121 C.N.), a lo que se suma que la ley que trató inicialmente la materia (Ley N° 5.051) y que incluía a los administradores de empresas en el rango de las ciencias económicas agrupadas en torno al C.P.C.E. puede ser corregida o modificada en cuanto a sus alcances, lo que el legislador provincial ha hecho mediante la sanción de la Ley N° 8.765 en ejercicio de facultades propias de la Provincia -no delegadas- creando un Colegio Profesional de Licenciados en Administración como un ente diferenciado del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, así como lo hizo oportunamente al estimar la creación del Colegio de Arquitectos de Mendoza (Ley N° 5.350) como un ente distinto del Consejo Profesional de Ingenieros, Agrimensores y Geólogos de la Provincia (art. 84), del cual posteriormente se escindieron los ingenieros y geólogos, Ley N° 5.936.

Concluye que de conformidad al art. 121 de la C.N., al constituir la reglamentación del ejercicio profesional una facultad no delegada, la sanción de la Ley N° 8.765 por la Legislatura y su posterior promulgación por el Poder Ejecutivo y publicación en el B.O., se incardina en las facultades no delegadas al poder central y no empece su dictado a la existencia de la Ley N° 5.051, en cuanto corresponde a la órbita provincial el poder de policía en materia del ejercicio de las distintas profesiones, entre las que se encuentran aquellas contempladas a nivel nacional por la Ley 20.488 que se conectan con las ciencias económicas.

Por las razones expuestas, considera que la acción debe ser desestimada.

II.- PRUEBA:

1.- Instrumental:

a.- Copia del Poder Especial para Juicios, otorgado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas a favor, entre otros, de Eduardo Félix Marroquín (fs. 5/7).

b.- Copia del Acta N° 951 de la Reunión de Consejo Directivo del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, celebrada el 18/12/2014 (fs. 8/10).

c.- Copia del Acta N° 61/15 del 23/02/2015 de la Asociación de Licenciados en Administración de Mendoza (fs. 35/38 y 66/70).

d.- Copias de constancias de matriculación (fs. 39/49).

e.- Copia del Acta N° 44/13 del 02/11/2013, correspondiente a la Asamblea General Ordinaria de la Asociación de Licenciados en Administración de Mendoza (fs. 71/75).

f.- Copia del Acta N° 56/14 del 27/09/2014, correspondiente a la Asamblea General Ordinaria de la Asociación de Licenciados en Administración de Mendoza (fs. 77/82).

g.- Copia del Estatuto de la Asociación de Licenciados en Administración de Mendoza (fs. 83/97).

h.- Copia del Acta de la Asamblea General Ordinaria de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas del 04/10/2013 (fs. 98/107).

i.- Copia del Expediente N° 59.690/2010 (8.765) caratulados “Copoletta s/Marco Regulatorio”, los cuales quedan registrados en el Tribunal bajo el N° 93.629 -paq.- (fs. 215).

2.- Informativa:

a.- Informe de la Universidad de Mendoza, Facultad de Ciencias Económicas (fs. 218/219), en el cual consigna que: las Licenciaturas en Administración pertenecen a las Ciencias Económicas, fundando la respuesta en la Ley N° 20.488, que regla el ejercicio de las profesiones en Ciencias Económicas, la Licenciatura en Administración y otros títulos equivalentes están expresamente incluidos en sus arts. 1 y 14; que los títulos de Licenciado en Administración Hotelera y Gastronómica, Licenciado en Administración de la Salud y Licenciado en Administración Ambiental, no son equivalentes al de Licenciado en Administración expedido por esa facultad, informando adicionalmente que el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Mendoza, cuenta con un Registro Especial que incluye a éstos y a otros licenciados en administración; que los Licenciados en Administración Hotelera y Gastronómica, Licenciados en Administración de la Salud y Licenciados en Administración Ambiental no tienen los mismos ámbitos de incumbencias que los Licenciados en Administración de esa facultad. Aclara que todos ellos, al ser licenciados en administración en diversas áreas, tienen en común el ser ejecutores de la gestión de las mismas, como ocurre en las diversas especializaciones de otro sin número de carreras, por lo que están incluidos en las ciencias económicas.

b.- Informe de la Universidad del Aconcagua, Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas (fs. 225/228), que expresa que: – En esa Universidad la Licenciatura en Administración se encuentra en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas dado su alcance y conceptualización dentro de las ciencias económicas, que estudian cómo se organiza una sociedad para producir y gestionar sus recursos y medios de existencia tanto en términos privados, mixtos o públicos. Más allá del enfoque en los procesos económicos estrictamente (extracción, transformación, producción, distribución y consumo) el enfoque y análisis económico hace que se aplique también a negocios, management, finanzas, recursos humanos, temas comerciales y gestión pública; – En su Unidad Académica (Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas) sólo se dictan la carrera de Licenciatura en Administración y Licenciatura en Administración de la Salud (Ciclo Complementario Curricular). Respecto de la consulta en orden a si los títulos expedidos de Licenciados en Administración Hotelera y Gastronómica, Licenciado en Administración de Salud y Licenciado en Administración Ambiental son equivalentes al de Licenciado en Administración expedido por la facultad, expresa que en el caso de la misma, solamente de la Licenciatura en Administración de Salud (al que solo acceden personas con títulos terciarios en gestión sanitaria y/o de salud), el título no es equivalente al de Licenciado en Administración fundamentalmente por los alcances del mismo; – Sobre si los licenciados en Administración hotelera y gastronómica, licenciados en administración de salud y licenciados en administración ambiental tienen los mismos ámbitos de incumbencias que los licenciados en administración, consigna que los ámbitos de incumbencias entre la Licenciatura en Administración y la Licenciatura en Administración de Salud son distintos. Respecto de la primera (formación de profesionales capacitados para participar y asesorar en organizaciones privadas, mixtas y públicas en áreas de gestión y dirección, haciendo que funcionen activa y coordinadamente hacia sus objetivos; que sean eficientes y rentables para lo cual deberán evaluar e implementar políticas, integrar equipos, captar y adaptarse a las situaciones de cambio asumiendo perspectivas y actitudes científicas en el tratamiento de la temática y problemática organizacional), detalla las áreas de incumbencia del Egresado de la Licenciatura en Administración (las cuales permitiría que realice diagnósticos organizacionales en todos sus aspectos, formule modelos de diagnóstico, prospección y proyección para la sostenibilidad en el tiempo del modelo organizacional donde se desempeñe o asesore, entenderá nuevas situaciones económicas y organizativas que se presentan en el mundo actual y el impacto en su comunidad/organización, liderará o formará parte de equipos de trabajo para nuevos proyectos, su validación y comunicarse con especialistas de otras disciplinas, posea actitud y aptitudes emprendedoras), el campo profesional (amplio, donde puede ejercer funciones tales como planeamiento, organización, dirección y control, asesoramientos, estudios de los diversos aspectos de la organización, diseño e implementación de sistemas de procesamiento de información para la toma de decisiones, formulación y análisis de proyectos de inversión, elaboración de estrategias, políticas y programas, sistemas de control de gestión de los objetivos organizacionales, crear empresas o nuevas unidades de negocio dentro de las organizaciones que se desempeñe) y las capacidades (1.- En relación de dependencia, ocupando cargos jerárquicos, cubriendo funciones directivas y de asesoramiento en la alta dirección y a nivel gerencial en todo tipo de organizaciones, ya sean privadas, públicas, estatales, con o sin fines de lucro, en la realización de estudios, diseño, implantación, seguimientos, dictámenes y similares, en las distintas áreas funcionales de administración gerencial, administración pública -nacional, provincial, municipal-, comercialización, finanzas, TICs, recursos humanos y operaciones a través de la gestión de procesos; 2.- Formación profesional que lo habilita para crear empresas; 3.- Como profesional independiente en el planteamiento, organización, control y dirección de empresas. Diseño e implementación de sistemas de procesamiento de datos e información, análisis de proyectos de inversión, estudio, evaluación y elaboración de estrategias, políticas y programas en las distintas áreas citadas anteriormente; 4.- Actuación judicial como administrador en intervenciones judiciales; liquidador en sociedades y asociaciones; perito en cuestiones de organización empresaria y en cuestiones de alcance funcional en comercialización, finanzas, recursos humanos, producción, abastecimiento y relaciones industriales; y coadministrador en concursos civiles y comerciales). En orden a los Licenciados en Administración de Salud, indica la descripción de la carrera (profesionalizar al personal administrativo y técnico de las instituciones o entes de salud pública, privada y obras sociales para ampliar posibilidades de acceder a cargos superiores, demandantes de calificación y capacitación de alto nivel en Gestión, forman a los aspirantes para ingresar al sistema de salud pública o privada con herramientas consistentes y actualizadas para el manejo eficiente de dichas organizaciones) y el perfil del egresado y áreas de incumbencia (el egresado estará capacitado para: planificar, asignar recursos, dirigir y controlar la gestión integral de una institución de salud o dar valor desde su espacio de responsabilidad en líneas intermedias de gestión; desempeñarse con los principios y técnicas de administración de la salud optimizando procesos formulando programas de calidad en los distintos niveles organizativos; diseñar y manejar técnicas de diseño, monitoreo y evaluación administrativa y de gestión integral de los sistemas de salud; aplicar habilidades y destrezas en ámbitos de Gerenciamiento, Administrativos, Económicos, Recursos Humanos, Comerciales y financieros de su ámbito laboral; formular y evaluar proyectos de salud, midiendo impactos económicos, financieros y sociales de su ejecución; contar con una visión global del sistema de salud y la forma de evaluar el desempeño de su organización en dicho contexto).

III.- NORMA CUESTIONADA.

Los accionantes cuestionan la constitucionalidad de la Ley N° 8.765 (B.O. 05/01/15), la cual contiene un total de 92 artículos, distribuidos en cuatro Títulos. El primero denominado “Del ejercicio profesional” (arts. 1° a 12°), el segundo relativo a los “Títulos y las funciones” de los Licenciados en Administración (arts. 13° a 18°), el tercero dedicado al Colegio Profesional de Licenciados en Administración de Mendoza (arts. 19° a 81°y el cuarto denominado“Del ejercicio ilegal de las profesiones reguladas por esta Ley” (arts. 82° a 92°).

A.- Legitimación del Consejo accionante. Interés para accionar.

Por una razón de orden lógico así como en función de su específica implicancia en el caso, debe ingresarse, en primer orden, en el examen de la legitimación de la accionante, la cual ha sido objeto de concreto cuestionamiento por Fiscalía de Estado y por el Colegio Profesional que ha participado en el proceso conforme la intervención dispuesta mediante decreto de fs. 147 y auto de fs. 193 (Colegio Profesional de Licenciados en Administración de Mendoza), así como en virtud de la adhesión a la contestación de este último formulada por el Gobierno de la Provincia (fs. 174 vta. y 175).

i.- Precedentes del Tribunal:

En reiteradas oportunidades este Tribunal se ha referido a la necesidad de que el particular que promueve una acción de inconstitucionalidad debe invocar y acreditar la existencia de un interés legítimo jurídicamente protegido y actual, ello en virtud del juego de los artículos 41 y 223 del C.P.C. Así se ha dicho que: “El interés del accionante aludido por el art. 223 C.P.C. no es sino el interés legítimo, económico o moral jurídicamente protegido que establece el art. 41 C.P.C. Por ello, concretamente el particular no puede alegar la inconstitucionalidad de la norma legal, por el solo interés del orden constitucional, sino en la medida en que la norma afecta su derecho o interés legítimo. En otras palabras la acción de inconstitucionalidad debe motivarse en un interés jurídico concreto y no en cuestiones generales o abstractas o meramente derivables de potencialidades interpretativas…” (LS 255-326; 391-42).

También se sostuvo que “por su naturaleza, la acción de inconstitucionalidad no puede tener por objeto una declaración abstracta, y la misma no encuentra fundamento en un interés meramente hipotético o eventual, exigiéndose (conf. art. 223 del CPC) que el accionante sea titular de un interés legítimo, económico o moral, jurídicamente protegido y actual” (LS 276-20). El recaudo debe ser comprobado de oficio por el Tribunal, exigiéndose lasubsistencia del mismo a lo largo de toda la existencia del pleito ya que se trata de un requisito sin el cual la Corte carece de jurisdicción (LS 181-437; 284-164; 348-42; 391-42).

ii.- Legitimación e interés argüidos en el caso. Objeciones.

La acción ha sido interpuesta por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Mendoza, invocando su carácter de persona jurídica pública no estatal creada por Ley N° 5.051 (conf. Ley N° 20.488), normas en virtud de las cuales considera es la única entidad facultada para ejercer la policía del ejercicio profesional de las ciencias económicas.

En particular, arguye que las normas referidas atribuyen a dicho Consejo la competencia y regulación de los derechos y obligaciones en el ejercicio profesional (economía, administración, contador públicos y actuarios, o sus equivalentes) y que la Ley N° 8.765 produce un agravio constitucional actual, cierto y no meramente abstracto, conjetural o hipotético. Denuncia que la norma priva al Consejo de ejercer la competencia conferida por la Ley N° 20.488, en orden a la matriculación de los Licenciados en Administración, al ejercicio de las facultades disciplinarias y demás previstas por su art. 22 y también agravia la composición del Consejo Directivo y los recursos del Consejo Profesional (arts. 41 y 42 de la Ley 5.051), produciendo de pleno derecho una modificación cualitativa y cuantitativa (por sustracción) en el Consejo Directivo y en el Tribunal de Etica y afectando los servicios que el Consejo ofrece a los Licenciados en Administración, tanto a nivel provincial como nacional, al ser la entidad mendocina miembro de la Federación Nacional de Consejos de Ciencias Económicas.

Por su parte, el Colegio Profesional de Licenciados en Administración plantea la falta de legitimación sustancial activa del Consejo, alegando que la accionante sólo invoca agravios de carácter general, abstracto, hipotético y conjetural y denuncia la falta de interés en la acción. Sostiene que la actora afirma que la ley impugnada “desnaturaliza” el título y profesión de Licenciado en Administración, sin indicar qué normas de la ley producirían tal efecto ni explicitar las razones que conducen a efectuar dicha aseveración. Invoca que las afirmaciones del Consejo desconocen las facultades que posee el legislador local de dictar todas aquellas normas que estime convenientes a los fines de organizar institucionalmente la Provincia (art. 5 C.N.), en relación con los organismos y entidades, estatales y públicos no estatales que ejerzan funciones públicas. Entiende que negar esa facultad del legislador provincial, importa desconocer que en su momento pudo sancionar la Ley N° 5.051 creando el Consejo, además de soslayar el principio en virtud del cual nadie tiene un derecho al mantenimiento o inalterabilidad del ordenamiento jurídico.

Arguye asimismo que el Consejo, como persona pública no estatal creada por el Estado Provincial que le ha delegado el ejercicio de funciones públicas, carece de un derecho adquirido a “conservar” el control de la matrícula de las profesiones dada por Ley N° 5.051 y que lo mismo cuadra decir respecto de la composición del Consejo Directivo y del Tribunal de Etica. Expresa que el Consejo debe proceder a ajustar su composición a aquellos lineamientos que el legislador ha establecido y que en la composición de los órganos directivos del Consejo, tradicionalmente no ha contado con ningún Licenciado en Administración, en tanto que entre los consejeros titulares, consejeros suplentes, miembros titulares y miembros suplentes del Tribunal de Etica, se encuentra en la actualidad un solo Licenciado en Administración en cada cuerpo. Por último, en punto a la manifestación efectuada por la accionante, en orden a que con la sanción de la Ley 8.765 dejarían de ser prestados a sus destinatarios todos los servicios que el Consejo Profesional ofrece a los Licenciados en Administración, señala que no advierte que éstos gozarán de los servicios que les brindará el Colegio Profesional de Licenciados en Administración.

En similar línea, Fiscalía de Estado sostiene que los supuestos agravios invocados en la demanda son hipotéticos y no pueden considerarse agravios concretos relacionados con una situación jurídicamente protegida. Señala que tampoco acredita la actora -aunque sea sumariamente-, cuál es concreta y específicamente el agravio que le ocasiona la norma cuestionada.

iii.- Interés suficiente en la acción:

En función del examen del marco descripto a la luz de las máximas aplicables en la materia, se concluye que el Consejo actor exhibe un interés suficiente para accionar, que habilita al Tribunal a ingresar en el fondo del cuestionamiento constitucional desplegado.

Como se ha expresado con particular claridad, la legitimación es el derecho que tiene quien se presenta a la jurisdicción de obtener una decisión sobre el mérito, es decir un pronunciamiento sobre el derecho sustancial invocado por las partes, sea tal decisión favorable o desfavorable. No toda persona con capacidad procesal puede ser parte en un proceso concreto, sino que sólo pueden serlo las que se encuentran en una determinada relación con la pretensión. Esa idoneidad específica en el caso concreto se deriva de la cuestión de fondo que se intenta discutir en el proceso. Es decir, debe mediar una coincidencia entre las personas que efectivamente actúan en el proceso y las personas a las cuales la ley habilita especialmente para pretender, sin que ello pueda llegar a confundirse con la cuestión de fondo, pues aquélla lleva a determinar si el demandante que deduce la pretensión es la persona habilitada para hacerlo -quien invoca la titularidad de una posición jurídica determinada- y la segunda consiste en la determinación de si existe o no la lesión al derecho sustancial discutido (Hutchinson, Tomás; “Derecho Procesal Administrativo”, T° II, Rubinzal-Culzoni, Bs. As, 2009, pág. 213 y sgtes.).

Al amparo de esta precisión, no corresponde objetar en la especie que la accionante, en virtud de la condición por ella invocada, exhibe una legitimación suficiente para haber instado la jurisdicción en procura de la protección de los intereses que entienden lesionados en función de la emisión de la norma objetada en su constitucionalidad (arts. 1° y 223° del C.P.C.). Ello, claro está, más allá de determinarse en una segunda instancia en el análisis del caso si, a partir de la posición por ella argüida, la lesión y/o transgresión constitucional denunciada, ha efectivamente acaecido.

Su interés para accionar se encuentra acreditado en virtud de las afectaciones que denuncia le han sido generadas por la norma impugnada, sin que ello implique convalidar -en modo alguno- que la norma resulta inconstitucional por la consumación de tales presuntas afectaciones, sino exclusivamente que dicho interés habilita a ingresar en el fondo de la inconstitucionalidad planteada en base a los agravios de orden constitucional desplegados a tal fin.

Dicha diferenciación posibilita circunscribir la materia objeto de decisión, dejando fuera aquellos aspectos que hacen a la afectación denunciada pero no a los fundamentos de la inconstitucionalidad argüida, centrándola en estos últimos. Así, no debe evaluarse si la accionante poseía algún pretenso derecho adquirido en su invocada condición de único colegio profesional de las ciencias económicas, o en orden a la integración de sus órganos con profesionales de la administración o respecto de los beneficios brindados por el Consejo a los Licenciados en Administración de los cuales se verían privados aquellos profesionales matriculados en el Consejo, sino exclusivamente las transgresiones en que la accionante funda la inconstitucionalidad de la norma, esto es, el pretenso desconocimiento de las facultades existentes en la materia en cabeza de la Nación y en la violación a la supremacía normativa en que habría incurrido la norma provincial objetada.

En consecuencia, situada la legitimación como el derecho a ser demandante (o demandado) en un determinado juicio y no el derecho a una sentencia en el sentido de lo pedido en la demanda o contestación, no puede negarse que la accionante satisfaga dicha condición, hallándose en consecuencia posibilitada la emisión de un pronunciamiento que, entrando en el fondo del litigio, se expida sobre el mismo y lo solucione de manera eficaz. Como se ha precisado, lo que la legitimación condiciona es la eficacia misma de la sentencia que se pronuncie sobre el objeto procesal, permitiendo el dictado de una sentencia útil (Hutchinson, Tomás; ob. cit., T° II, Rubinzal-Culzoni, Bs. As, 2009, pág. 213 y sgtes).

Bajo tal perspectiva, lo determinante en la especie a efectos de convalidar la legitimación argüida, es la circunstancia de que la accionante a través del pronunciamiento solicitado, puede verse incidido en su situación jurídica, manifestándose ello como aquella garantía, utilidad o provecho que puede proporcionar a la accionante la decisión del pleito, ya sea haciéndole adquirir o evitándole perder alguna cosa. Ese interés suficiente existe, siendo un interés personal y actual, en tanto resulta acreditado que la misma podrá, a través del decisorio requerido, verse -en alguna medida- percutida en su situación jurídica a través del control jurisdiccional de la norma cuestionada, sea a partir de una eventual declaración de inconstitucionalidad de la misma o, por el contrario, en función de la ratificación de su constitucionalidad.

En la especie ello surge evidente, en tanto nos encontramos ante una norma que, sin avanzarse sobre su objetada constitucionalidad, ha regulado una materia que se vincula o posee incidencia de manera directa con la situación del Consejo accionante, en tanto persona jurídica pública no estatal a la que la Ley N° 5.051 (en el marco de la Ley N° 20.488), estructuró y dotó de una serie de atribuciones, facultades y deberes, en relación a las profesiones relacionadas a las ciencias económicas -incluidas las profesiones vinculadas a la Licenciatura en Administración- (art. 18° y sgtes. Ley cit.), respecto de las cuales precisó el alcance en su art. 1° y cuyos títulos y funciones refirió y reguló en sus arts. 12° y sgtes. Dicha específica estructura fue alcanzada por las modificaciones que introdujo la Ley N° 8.765, tal como se desprende, entre otros, de sus arts. 88° y 89°.

La accionante entiende que la vigencia de la norma produjo un daño directo, real, inmediato y concreto, específicamente a partir de reivindicar ser la única entidad facultada para ejercer la policía del ejercicio profesional de las ciencias económicas (conf. Ley N° 5.051 y Ley N° 20.488), las funciones en punto a la matrícula de los Licenciados en Administración, facultades disciplinarias, composición del Consejo Directivo y del Tribunal de Etica y recursos del Consejo Profesional, así como la afectación que la norma ocasionaría en los servicios que el Consejo Profesional ofrece a los Licenciados en Administración y colocándonos en el marco de situación creado a través de la sanción de la norma cuestionada, deviene posible avizorar la afectación denunciada por la accionante, en tanto la introducción al ordenamiento jurídico de la norma cuestionada resulta poseedora de la capacidad de conmover y/o actuar sobre la esfera de los intereses de dicha parte, afectación que se exhibe con una clara y suficiente substancia, dado que la operatividad del sistema por ella creado, podría evidentemente impactar sobre la situación jurídica de la accionante.

De allí que, en un marco como el descripto, sea dable concluir que el planteo efectuado sobre el punto por la parte actora, se erige como un agravio constitucional para el cual, en principio, dicha parte demuestra un interés -con sustancia suficiente- en la declaración de inconstitucionalidad pretendida. No se trata de un planteo formulado en el sólo interés de la ley, por la existencia de la presunta violación a la jerarquía normativa, sino que resulta evidente la legitimación de la accionante para deducir la presente acción, en defensa, cuanto menos, de sus propios intereses, atribuciones e incumbencias que como Colegio Profesional reivindica.

No puede entenderse que la acción se encuentre motivada en cuestiones generales o abstractas o meramente derivables de potencialidades interpretativas o que tenga por objeto una declaración abstracta. El interés de la actora -más allá de la eventual procedencia sustancial de la acción- se exhibe suficiente para habilitar un pronunciamiento.

B.- Decisión del caso:

Corresponde ingresar en la sustancia del cuestionamiento constitucional formulado:

1.- Contenido de la Ley N° 8.765:

El Título I de la norma, se denomina “Del ejercicio profesional” (arts. 1° a 12°) y comienza por disponer que “El ejercicio de la profesión de licenciado enadministración en sus diferentes orientaciones, queda sujeto, en el territorio de la Provincia, a lo que prescribe la presente Ley y su reglamentación, o las que en lo sucesivo la reemplacen o modifiquen. Podrá aplicarse con carácter supletorio lo dispuesto por la legislación nacional vigente en la materia. A los efectos de determinar el ámbito de aplicación de esta Ley, se consideran comprendidos en sus disposiciones los Licenciados en Administración en sus diferentes orientaciones, a saber: Licenciado en Administración de Empresas, Administración de Negocios, Comercialización o Marketing, Administración Financiera, Administración Pública, Administrador, Licenciado en Dirección de Empresas, Ciencias Gerenciales, Administración Municipal, Administración Ambiental, Administración de la Salud, Administración Hotelera y Gastronómica, y todos los restantes títulos de Licenciados en Administración en sus distintas especialidades, así como también todas aquellas carreras que en un futuro se creen con el perfil e incumbencias del Licenciado en Administración. La denominación de Licenciado en Administración queda reservada para los profesionales a quienes se refiere la presente Ley, siendo los únicos autorizados para el ejercicio de la profesión de Licenciado en Administración” (art. 1°).

Establece también que las profesiones referidas en el art. 1°, sólo podrán ser ejercidas por personas titulares de diplomas habilitantes expedidos por Universidades públicas o privadas y por personas titulares de diplomas expedidos por universidades o instituciones profesionales extranjeras, siempre que sean revalidados de acuerdo a las normas vigentes en el país, y que el titular extranjero tenga una residencia continua en el país no menor de dos años (art. 2°). El art. 4° especifica que se entiende “por ejercicio profesional, a los efectos de esta Ley, todo acto que suponga, requiera o comprometa la aplicación de conocimientos propios de los graduados en Licenciatura en Administración o sus equivalentes”.

Por su parte, el art. 5° dispone que “Es requisito indispensable para el ejercicio de la profesión a que se refiere el Artículo 1, la inscripción en la matrícula que será llevada a cabo por el Colegio Profesional de Licenciados en Administración de Mendoza que se crea por la presente Ley y estar habilitado para el ejercicio profesional en los términos de la misma. Quedan exceptuados de la obligación de inscripción en la matrícula los profesionales cuyos títulos de grado abordan más de una disciplina, campos de conocimiento o incumbencias”.

Las restantes normas del Título I, se refieren a las prohibiciones personales del ejercicio de la profesión (art. 6°); a las reglas a las que se ajustará el uso del título de Licenciado en Administración (arts. 7° y 8°), el aporte obligatorio para los matriculados al Colegio Profesional de Licenciados en Administración de Mendoza del derecho de matrícula y derecho anual de ejercicio de la profesión (art. 9°), la sujeción del ejercicio profesional a las normas del código de ética profesional, la posibilidad de asociación con otros licenciados en administración y sus disciplinas equivalentes (art. 12°).

El Título II, regula lo concerniente a “Los títulos y las funciones” (arts. 13° a 18°). Así, dispone que “Podrá requerirse título de licenciado en administración o sus equivalentes, para el desempeño de funciones que impliquen ejercicio de las profesiones indicadas. Asimismo para todo dictamen destinado a ser presentado ante autoridades judiciales, administrativas o a hacer fe pública en materia de dirección y administración…”, mencionando a continuación de manera enunciativa las funciones (art. 13°), se establece que los servicios profesionales de los licenciados en administración podrán ser requeridos en todos aquellos casos en que leyes especiales lo exijan (art. 14°), enumera los casos en que podrán ser requeridos los Licenciados en Administración (art. 15°), el requisito de la independencia respecto de las partes involucradas en el trabajo a desarrollar cuando la labor profesional esté destinada a hacer fe pública hacia terceros (art. 16°), la formación por parte de la Suprema Corte de un registro de la profesión reglamentada por la ley, en el que podrán inscribirse los profesionales habilitados en sus matrículas (art. 18°) y se establece que a los efectos de la ley “se entiende por títulos equivalentes a licenciado en administración a aquellos títulos otorgados por universidades públicas o privadas reconocidos por la autoridad competente en la materia, siempre que los planes de estudio sean similares en cuanto a las exigencias académicas o duración de los mismos” (art. 17°).

El Título III, se ocupa del Colegio Profesional de Licenciados en Administración de Mendoza (arts. 19° a 81°), al cual crea por su art. 19°, con carácter de persona jurídica pública no estatal, con todos los derechos y obligaciones que le acuerda la normativa y con los objetivos de interés general que son inherentes a las profesiones de la licenciatura en administración y sus disciplinas equivalentes, integrado por la Asamblea, el Consejo Directivo, la Sindicatura y el Tribunal de Etica.

Se establece en dicho Título el objeto del Colegio referido (dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley y otras relacionadas con el ejercicio profesional; llevar las matrículas de las profesiones a que se refiere la presente ley, y crear en el futuro las que correspondiere; llevar un registro actualizado con los antecedentes respectivos de los profesionales matriculados en lo que hace al ejercicio profesional; honrar en todos sus aspectos el ejercicio de la profesión de ciencias de la administración, afirmando las normas de responsabilidad y decoro propias de la carrera universitaria; velar para que sus miembros actúen con un cabal cumplimiento de la constitución y las leyes; ordenar, dentro de sus facultades, el ejercicio profesional de ciencias de la administración dictando las normas necesarias para regular y delimitar dicho ejercicio en sus relaciones con otras profesiones; certificar las firmas y controlar el cumplimiento de las normas que rigen el ejercicio de la profesión; cuidar que se cumplan los principios de ética que rigen el ejercicio de las profesiones de ciencias de la administración; aplicar las sanciones disciplinarias por violación a la presente ley y al código de ética; sancionar con los medios legales a su alcance, el ejercicio ilegal de la profesión; asistir a la administración pública y a la justicia en el cumplimiento de las disposiciones que se relacionen con la profesión, evacuar consultas y suministrar los informes solicitados por entidades públicas, mixtas y privadas; aprobar los aranceles correspondientes al derecho anual del ejercicio profesional y derecho de inscripción en la matrícula; ejercer la representación y defender la jerarquía y prestigio de las profesiones en ciencias de la administración y de los profesionales matriculados; desarrollar bibliotecas especializadas, promover y difundir actividades culturales y técnico científicas entre los profesionales y la comunidad; dictar el código de ética para el mejor cumplimiento de estos objetivos, podrá promover la constitución de federaciones de colegios profesionales de ciencias de la administración y otros organismos permanentes o transitorios de carácter regional, nacional e internacional que agrupan profesiones en general o de ciencias de la administración en particular y formar parte de ellos mediante representantes), así como las facultades con que cuenta a tal fin (art. 38°).

Se regulan las elecciones (arts. 20° a 35°).

Se disponen los recursos del Colegio (art. 39°), su dirección y administración (arts. 40° a 51°), la Sindicatura (arts. 52° a 54°), el Tribunal de Etica (arts. 55° a 57°), las sanciones disciplinarias (arts. 58° a 59°), el procedimiento para su aplicación e impugnación (arts. 60° a 62°), la prescripción de las mismas (art. 63°), la suspensión y cancelación de la matrícula (arts. 64° a 66°), la competencia, convocatoria y funcionamiento de las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias (arts. 67° a a 74°), la renuncia y remoción de los miembros del Consejo Directivo, Sindicatura y Tribunal de Etica (arts. 75° a 79°) y las Cuentas y Estados (arts. 80° y 81°).

El Título IV se ocupa “Del ejercicio ilegal de las profesiones reguladas por esta Ley” (arts. 82° a 84°), incluyendo asimismo las disposiciones finales relativas al llamado a elección de las autoridades del Colegio de Licenciados en Administración (art. 85°), la aplicación a la actuación desplegada por el Colegio de las Ley de Procedimiento Administrativo (art. 87°), la modificación al art. 1° de la Ley N° 5.051 (el cual queda redactado de la siguiente manera: “El ejercicio de las profesiones de Ciencias Económicas (Economía, Contador Público y Actuario, o sus equivalentes) queda sujeto, en el territorio de la Provincia, a lo que prescribe la presente Ley y la Ley Nacional N° 20.488”) y al artículo 13° de dicha Ley (“Se requerirá títulos de Doctor en Ciencias Económicas, Licenciado en Ciencias Económicas, Licenciado en Economía, Contador Público y Actuario o sus equivalentes, para el desempeño de funciones que impliquen ejercicio de las profesiones indicadas, conforme la Ley N° 20.488 o las normas que se dicten en su reemplazo”).

Por último, establece que sus disposiciones son de orden público, derogándose toda otra disposición que se oponga a la presente (art. 90°) y que el Poder Ejecutivo reglamentará la ley en un plazo no mayor de 180 días (arts. 91°).

2.- Objeciones constitucionales a la Ley:

a.- Formulado accionante y principios aplicables en la materia:

Fundamenta la accionante la inconstitucionalidad que propugna en base a los siguientes argumentos: – La Ley Nacional N° 20.488 establece normas de carácter general concernientes al ejercicio de las profesiones relacionadas a las ciencias económicas, conforme las facultades estipuladas en el art. 75 inc. 18° de la C.N. -cláusula del progreso-; – La atribución ejercida por el orden nacional a través de dicha ley deviene en concurrente con el poder de policía de las provincias; – La Ley N° 8.765 resulta violatoria de la Ley Nacional N° 20.488 en tanto ésta legisla un marco general sobre la atribución constitucional de la cláusula del progreso que es ignorado por el legislador local al oponerse a una finalidad de bienestar general ante la cual debe ceder; -La Ley N° 20.488 establece que el ejercicio de la profesión de licenciado en economía, contador público, licenciado en administración, actuario y sus equivalentes, queda sujeto a dicha norma y a tales efectos es obligatoria la inscripción en la matrícula del Consejo Profesional en que se desarrolle la actividad y que tanto en las Provincias como en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires funcionará UN Consejo Profesional a que se refiere el art. 1 (art. 19); -La Ley N° 8.765 redefine la naturaleza del título de Licenciado en Administración a través de una redacción oscura y confusa, redefinición reflejada en la identificación de una serie de títulos universitarios -distintos entre sí y con diferentes ámbitos de incumbencias- con el título de Licenciado en Administración, avanzando sobre atribuciones federales, regulando el alcance de los títulos universitarios y fijando habilitaciones e incumbencias de los mismos; -Es el orden federal quien otorga validez nacional a los títulos y fija las habilitaciones e incumbencias, determinando la idoneidad de un profesional para realizar los actos que constituyan el ejercicio mismo de su profesión (conf. art. 75 inc. 18 C.N.; arts. 40, 41, 42 y 43 de la Ley de Educación Superior N° 24.521; art. 61 de la Ley N° 22.207 y Res. N° 1560/80 del Ministerio de Cultura y Educación); -La Ley N° 8.765 sustrae a la Licenciatura en Administración de la órbita de las profesiones relativas a las Ciencias Económicas, creando un Colegio paralelo al Consejo Profesional de Ciencias Económicas, lo cual importa, en el primer caso, avanzar sobre atribuciones exclusivas del Estado Federal y en el segundo, el ejercicio de un poder concurrente al de la autoridad central, al tratarse de una norma incompatible y en repugnancia con la Ley N° 20.488, que cede ante la preeminencia de la legislación federal.

Como puede advertirse los agravios constitucionales se centran en la transgresión que la Ley N° 8.765 habría consumado en orden al principio de jerarquía o supremacía normativa (art. 31° de la C.N.), desde dos planos diferentes, aunque vinculados: uno, relativo a la injerencia –que la accionante reputa como incompatible- de la norma local sobre facultades exclusivas del orden federal, al regular el alcance de títulos universitarios y fijar habilitaciones e incumbencias de los mismos y, el restante, que haría a un avance (que también considera incompatible con la norma nacional) sobre facultades concurrentes entre el orden federal y provincial, a través de la creación del Colegio Profesional de Licenciados en Administración de Mendoza, atentando contra la letra y espíritu de la Ley N 20.488 que dispuso que el ejercicio de las profesiones de su art. 1° debe estar bajo la órbita de un único consejo profesional por cada jurisdicción.

Corresponde abordar ambos planteos, partiendo por consignar que resulta un elemento común a ellos, la falta de especificación exhibida en su formulación en punto a los concretos preceptos de la vasta ley, que habrían incurrido en la invocada transgresión, más allá de alguna referencia o alusión puntual y circunstancial. Aún cuando pueda entenderse que dicha circunstancia no configura por sí sola un obstáculo insalvable al progreso de la acción -con el alcance pretendido por el Colegio de Profesionales de Administración de Mendoza-, se advierte que se erige en un elemento de necesaria ponderación, en el marco de una materia en la que resultan aplicables específicos principios y exigencias.

Ello en tanto, tiene dicho este Tribunal que el ataque de inconstitucionalidad y su declaración por parte de la justicia, constituye un acto de la máxima gravedad institucional, por lo que el agravio debe aparecer de una manera clara, ostensible, afectar seria y gravemente el ordenamiento jurídico, razón por la cual se trata de una medida restrictiva, de carácter excepcional y ante la evidencia del daño producido a los derechos y a las garantías de este nivel (L.S. 285-102). Asimismo, es criterio seguido en forma reiterada, que no corresponde la declaración de inconstitucionalidad en abstracto, lo que no impide al interesado hacer valer el derecho a obtener la declaración de inconstitucionalidad en el caso concreto en la medida en que se acredite la efectiva lesión de los derechos o garantías constitucionales que le asisten. La declaración de inconstitucionalidad no debe hacerse en términos genéricos o teóricos. No basta, en consecuencia, con la aserción de que la norma impugnada puede causar agravio constitucional, sino que debe afirmarse y probarse que ello ocurre en el caso (Fallos 256-602; 258-255; L.S. 387-048).

En función de tales principios, ha sostenido el Tribunal la necesidad de extremar la prudencia, como valor por excelencia, por cuanto la declaración de inconstitucionalidad de una ley constituye una de las más delicadas funciones susceptibles de encomendar a un tribunal de justicia, la que debe ser considerada como la última ratio del orden jurídico y sólo debe ejercerse cuando la repugnancia con la cláusula constitucional es manifiesta y la incompatibilidad inconciliable (L.S. 386-167; 430-239, entre otros).

b.- Denunciada injerencia inconstitucional de la norma local sobre facultades exclusivas del orden federal:

Comenzando con el examen del primero de los planteos en que se fundamenta la tacha, debe partirse por poner de resalto las carencias exhibidas por tal postulado, en función de que las argumentaciones efectuadas al efecto, no pasan de ser referencias genéricas y dogmáticas, desprovistas de toda individualización y especificación en orden a la alegada repugnancia de la norma local con el orden nacional.

En efecto, denuncia la accionante que la norma impugnada “redefine la naturaleza del título de Licenciado en Administración, a través de una redacción oscura y confusa” y que dicha “redefinición se refleja en la identificación de una serie de títulos universitarios -distintos entre sí y con diferentes ámbitos de incumbencia- con el título de Licenciado en Administración” y a tal fin se limita a consignar que la norma local avanza sobre atribuciones federales regulando el alcance de los títulos universitarios y fijando sus habilitaciones e incumbencias, cuando es el orden federal quien otorga validez nacional a los títulos, fija las habilitaciones e incumbencias y determina la idoneidad de un profesional para realizar los actos que constituyan el ejercicio mismo de su profesión -conf. art. 75 inc. 18 de la C.N.; arts. 40 a 43 de la Ley N° 24.521; art. 61 de la Ley N° 22.207 y Resolución N° 1560/80 del Ministerio de Cultura y Educación- (fs. 18 y vta.).

Sin embargo, dicho sucinto postulado no resulta desarrollado ni fundamentado, así como tampoco surge corroborado a partir de la evaluación de la normativa impugnada a la luz de la citada legislación de carácter nacional ni de los restantes elementos obrantes en la causa.

No especifica la accionante -como resultaba su carga en el marco de una acción de la índole de la interpuesta-, cuáles resultan los preceptos de la Ley N° 8.765 que habrían consumado la transgresión denunciada, ni tampoco fundamenta de manera concreta de qué manera la misma se habría producido en relación a las normas nacionales invocadas (tanto aquellas de orden constitucional -arts. 31 y 75 inc. 18-, así como las legales y reglamentarias), desde la perspectiva de los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en que procura sustentar su pretensión.

En este orden se destaca que, como lo reconoce la propia accionante, la doctrina del Alto Tribunal Nacional en punto a las facultades poseídas por el Congreso Nacional para dictar normas generales relativas a las profesiones cuyo ejercicio es consecuencia de los títulos habilitantes otorgados por las Universidades Nacionales, con fundamento en el art. 75 inc. 18 de la C.N., se integra y corona con el postulado en función del cual se deja a salvo que dichas facultades no resultan exclusivas ni excluyentes de las potestades de reglamentación y policía locales, en tanto las mismas “no enerven el valor del título” (Fallos 308:987; 207:159; 156:290; entre otros).

En la especie, no existe elemento alguno -con suficiente sustancia- para convalidar la formulación actora, en orden a la consumación de tal incidencia perniciosa proscripta que actuaría como neutralizante de las facultades locales o que, en su caso, determinaría la preeminencia de la normativa nacional ante la incompatibilidad presentada.

La desnaturalización denunciada, la alegada redefinición del título de Licenciado en Administración por su identificación con una serie de títulos universitarios distintos entre sí, el pretendido avance sobre atribuciones federales al regular el alcance de los títulos y fijar sus habilitaciones e incumbencias y la sustracción de la Licenciatura en Administración de Empresas de la órbita de las profesiones relativas a las ciencias económicas que invoca, no han sido siquiera mínimamente fundamentadas ni acreditadas en el caso.

A ello se añade que no resulta posible desprender las conclusiones que la accionante se limita a invocar de manera genérica en la referida línea, a partir de un examen de la normativa involucrada.

En particular, no surge acreditado que la Ley N° 8.765 hubiera sustraído a la Licenciatura en Administración de la órbita de las profesiones relativas a las ciencias económicas. Por el contrario, como lo señala la contraparte, la propia norma provincial prevé, si bien en forma potencial y supletoria, la aplicación “de la legislación nacional vigente en la materia” (art. 1°).

Sin profundizar -por no ser ello necesario para la decisión del caso ni haber sido objeto de la litis trabada- sobre el alcance y potencial constitucionalidad de la Ley N° 20.488 (en particular, si la misma fue emitida en respeto de la distribución de competencias entre el orden nacional y el local), aún partiendo por convalidar que el sistema nacional se habría instaurado en ejercicio de las facultades previstas en el art. 75 inc. 18 de la C.N., no es posible concluir que la Ley N° 8.765 resulte opuesta a la ley nacional y, en particular, a aquellas normas generales en dicho régimen previstas con la invocada finalidad de bienestar nacional.

En este orden, no se advierte que la regulación contenida en la norma provincial en orden a la profesión de Licenciado en Administración, resulte contraria a la Ley N° 20.488 ni a la Resolución N° 1560/80 del Ministerio de Cultura y Educación.

Al respecto se repara en que la Ley N° 8.765 presenta una estructura y alcance que se asemejan a la también Ley Provincial N° 5.051 (B.O. 27/05/1986), relativa al ejercicio profesional de las ciencias económicas, cuya constitucionalidad no ha sido objetada por la accionante. No se observa en el régimen establecido por la norma impugnada, una regulación que se aparte sustancialmente de las facultades ejercidas anteriormente por el orden local a través de aquella norma y de la línea ya trazada -y, se reitera, no objetada en la especie- por el legislador local a través de aquélla, ni un avance o desconocimiento de la normativa nacional.

El único segmento de la norma que resulta diferenciado en relación a la Ley N° 5.051 y que podría resultar potencialmente controversial en relación al punto -más allá de no haber sido especificado por la accionante tal como era su carga-, sería el Título II (“De los títulos y las funciones”), en el cual se prevén, en modo enunciativo y potencial (arts. 13, 14, 15), las funciones y actividades para las que “podrá” requerirse título de Licenciado en Administración o sus equivalentes.

Sin embargo, una aproximación a tal materia no permite concluir en que el contenido del mismo se aleje, en principio, de aquel establecido en la Ley Nacional N° 20.488 (conf. art. 14). Y, por otra parte, en relación a aquellas restantes normas -también de índole nacional- invocadas por la actora como transgredidas por la ley local en la línea denunciada (Ley N° 22.207 -art. 61-; Ley N° 24.421 -arts. 40 a 43- y Resolución N° 1560 del Ministerio de Cultura y Educación -01/09/1980-), tampoco es posible convalidar el avasallamiento o violación invocadas.

En efecto, no surge que la norma impugnada hubiera consumado un desconocimiento a la competencia existente en cabeza de la autoridad nacional (a través de su cartera educativa), para reglamentar las incumbencias correspondientes a los títulos profesionales otorgados por las Universidades Nacionales (conf. art. 61° Ley 22.207), ni que la regulación contenida en la Ley N° 8.765, resulte opuesta o contraria a dicha reglamentación, en particular, a aquellas que, en relación a la carrera de Licenciado en Administración, fueron previstas en la Resolución N° 1560/80 del entonces Ministerio de Cultura y Educación.

Tampoco se ha acreditado ni surge de la confrontación entre las normas respectivas, que la Ley N° 8.765 hubiera avanzado sobre facultades exclusivas del orden nacional relativas al reconocimiento oficial de los títulos expedidos por las instituciones universitarias y a la validez de los mismos, ni mucho menos al alcance que la Ley de Educación Superior otorga a dicho reconocimiento (conf. art. 42: “Los títulos con reconocimiento oficial certificarán la formación académica recibida y habilitarán para el ejercicio profesional respectivo en todo el territorio nacional, sin perjuicio del poder de policía sobre las profesiones que corresponde a las provincias. Los conocimientos y capacidades que tales títulos certifican, así como las actividades para las que tienen competencia sus poseedores, serán fijados y dados a conocer por las instituciones universitarias, debiendo los respectivos planes de estudio respetar la carga horaria mínima que para ello fije el Ministerio de Cultura y Educación, en acuerdo con el Consejo Universitario”). La propia norma local refiere en algunos pasajes y deja a salvo (como no podía ser de otro modo), a la competencia de la autoridad respectiva en orden al reconocimiento de los títulos otorgados por universidades públicas o privadas (v.g. art. 17).

A partir de dicho marco, no es posible convalidar la aseveración del Consejo accionante, en orden a la “redefinición” de la naturaleza del título de Licenciado en Administración que habría consumado la ley provincial, a través de la identificación de una serie de títulos universitarios -distintos entre sí y con diferentes ámbitos de incumbencias- con el título de Licenciado en Administración.

La norma establece su ámbito de aplicación, incluyendo dentro de la misma a la profesión de Licenciado en Administración “en sus diferentes orientaciones”, considerando comprendidos a tales efectos, a los licenciados en administración en las orientaciones que allí enumera (licenciados en administración de empresas, administración de negocios, comercialización o marketing, administración financiera, administración pública, administrador, licenciado en dirección de empresas, ciencias gerenciales, administración municipal, administración ambiental, administración de la salud, administración hotelera y gastronómica) y “a todos los restantes títulos de Licenciados en Administración en sus distintas especialidades, así como también todas aquellas carreras que en un futuro se creen con el perfil e incumbencias del Licenciado en Administración” (art. 1), pero no efectúa una “identificación” (en el sentido de asimilación) entre los diversos títulos comprendidos en la norma y que allí se enumeran como las diferentes orientaciones que puede adoptar la profesión regulada. No equipara los títulos, no ingresa sobre el contenido de las respectivas carreras, no unifica incumbencias, sino que se limita a englobar en una única norma local, por así considerarlo conveniente dada la evolución operada en la materia, a los profesionales Licenciados en Administración, en sus diversas orientaciones.

Por el contrario, existen elementos en la causa que demuestran, verbigracia, que fue el orden nacional quien otorgó reconocimiento oficial a los títulos de Licenciado en Administración Hotelera, Licenciado en Administración Gastronómica y Licenciado en Turismo, todos como Ciclos de Licenciatura expedidos por la Universidad del Aconcagua (Conf. Resolución N° 27 del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología), con el consecuente efecto de su validez nacional.

Se tiene presente que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha decidido que si bien “es facultad del Gobierno Nacional determinar los requisitos con sujeción a los cuales han de expedirse títulos habilitantes para la práctica de las profesiones liberales por parte de sus universidades cuyos planes de estudio puede dictar el Congreso Nacional (art. 67, inc. 16 de la Constitución)…es atribución de las provincias reglamentarla en tanto y en cuanto la reglamentación no enerve el valor del título respectivo ni invada el régimen de la capacidad civil…que si el título habilita para ejercer la profesión, puede concebirse que las autoridades facultadas para reglamentar dicho ejercicio determinen, dentro de lo razonable, los modos de él según las circunstancias y establezcan requisitos complementarios destinados a asegurar la rectitud y responsabilidad con que la profesión ha de ser ejercida�'(Fallos: 207:159 y antecedentes allí citados). Al tener oportunidad de expedirse con relación a la obligación de matriculación en el Colegio Público de Abogados, sostuvo que �’en cuanto al argumento del recurrente referente al carácter que tienen los títulos universitarios entre nosotros, no se compadece con la doctrina establecida en el sentido que la facultad atribuida al Congreso Nacional para dictar normas generales relativas a las profesiones cuyo ejercicio es consecuencia de los títulos habilitantes otorgados por las universidades nacionales, por el art. 67, inc. 16, de la Constitución Nacional no es exclusiva ni excluyente de las potestades de reglamentación y policía locales, en tanto no enerven el valor del título, extremo que no se da en el caso�'(Fallos: 308:987)” (Fallos 320:89).

Por todo lo expuesto, se concluye que el primer agravio constitucional desplegado por la accionante, debe ser desestimado, en tanto las circunstancias consignadas, permiten derivar que la Ley N° 8.765 no ha avanzado sobre las invocadas facultades existentes en el orden federal.

No modifica la aseveración realizada, la prueba rendida en el proceso, en particular, aquellos informes evacuados por la Universidad del Aconcagua y por la Universidad de Mendoza (fs. 218/220 y 225/228). Ello en tanto los elementos brindados por los mismos, no resultan opuestos a las circunstancias ya resaltadas en el presente, en las que se basamenta la inexistencia de la inconstitucionalidad planteada en el sentido aquí analizado. No resulta determinante en este orden la manifestación cursada por tales instituciones, respecto a que la Licenciatura en Administración pertenece a las Ciencias Económicas en virtud de la Ley N° 20.488, así como tampoco que los títulos de Licenciado en Administración Hotelera y Gastronómica, Licenciado en Administración de la Salud y Licenciado en Administración Ambiental, no sean equivalentes al de Licenciado en Administración expedido por tales universidades. En tanto, más allá de no resultar equivalentes o análogos, en virtud de ser diferentes carreras, con su pertinente reconocimiento oficial, ello no impide que el legislador local, de manera que no se acredita irrazonable, comprenda a todas tales orientaciones de la profesión en una misma norma regulatoria, con principios comunes y con un Colegio Profesional único que los aglutine.

c.- Invocada inconstitucionalidad de la Ley N° 8.765 en virtud de la creación del Colegio Profesional de Licenciados en Administración de Mendoza:

Corresponde ingresar en el restante agravio constitucional en que se fundamenta la acción, esto es, la transgresión que la Ley N° 8.765 habría consumado -a juicio de la accionante- en relación a la Ley Nacional N° 20.488, al crear el Colegio Profesional de Licenciados en Administración de Mendoza y al modificar el alcance de las profesiones normadas por la Ley N° 5.051, atentando contra la letra y espíritu de la referida norma nacional, que dispuso que el ejercicio de las profesiones previstas en su art. 1° debía estar bajo la órbita de UN consejo profesional por cada jurisdicción (art. 19°).

El Consejo accionante basamenta el agravio en la preeminencia poseída por la norma nacional en el marco de las facultades concurrentes que entiende existentes en la materia. Sostiene que el legislador nacional no desconoció a través de la norma citada que el poder de policía del ejercicio profesional sea propio delas autoridades locales, pero estableció normas de carácter general referentes al ejercicio de las profesiones relacionadas a las ciencias económicas, persiguiendo“una deseable coherencia en el desenvolvimiento de una actividad que interesa fundamentalmente al bienestar de la Nación”, conforme las atribuciones estipuladas en el art. 75 inc. 18 de la C.N. Considera que en el ámbito de las facultades concurrentes, la Corte -con estribo en la cláusula del progreso- hace prevalecer la decisión federal en tanto medie supuesto de “repugnancia efectiva” (Fallos 322:2862; 323:1705) y no así cuando existe margen para observar ambos extremos (Fallos 304:1186) y que ante tal situación de colisión, la preeminencia debe ser establecida en función de los fines queridos por la Constitución y el interés general en juego (Leiva Fallos 315:1013).

Por su parte, el Colegio de Profesionales de Licenciados en Administración de Mendoza, detalla y reivindica la génesis y objetivos que guiaron la emisión de la norma impugnada, luego de lo cual alega que la interpretación desplegada por la accionante en relación a la Ley N° 20.488 (arts. 1 y 19) resulta “forzada” y que la misma fue objeto de análisis y finalmente desechada durante el trámite de sanción de la ley. Sostiene que de acuerdo al reparto constitucional de competencias entre la Nación y las provincias, debe descartarse la posibilidad de admitir que sea una ley nacional la que pueda habilitar o no a las provincias a crear y organizar las entidades profesionales del modo que éstas estiman más oportuno y conveniente. Considera que una interpretación contraria importaría desconocer las autonomías provinciales, invocando que el poder de policía de las profesiones liberales es propio de los poderes provinciales. Especifica que la Corte Suprema tiene dicho que en uso de las facultades reservadas (art. 121 C.N.), no concurrentes, las provincias pueden reglamentar la práctica de las profesiones liberales y crear entidades públicas no estatales que ejerzan la policía de la actividad (Fallos 213:1340; 308:987; 305:1094). Entiende que la pretensión deducida por la actora no podría ser admitida aún de colocarse en la posición más favorable a la interpretación que propone dicha parte (esto es, de la existencia de facultades concurrentes en materia de organización de los colegios profesionales), dado que la Ley N° 20.488 no sólo no impide que las provincias creen más de un Consejo o Colegio Profesional, sino que deja siempre a salvo la decisión que al respecto se adopte en jurisdicción provincial. En similar sentido se posiciona la demandada directa y Fiscalía de Estado.

En un contexto como el descripto, corresponde desestimar también la tacha constitucional desplegada por la accionante en el sentido referido.

Se consigna a tal fin que, tal como lo desarrolla de forma razonada y detallada el Colegio Profesional de Licenciados en Administración de Mendoza, la interpretación que formula sobre el punto el Consejo actor y las consecuencias que desprende a partir de la misma, no resultan atendibles.

En efecto, tal construcción supone dar por correctas una serie de premisas que resultan claramente objetables. Principalmente, aquella en virtud de la cual interpreta la accionante que la Ley N° 20.488 emitida por la Nación en ejercicio de las facultades atribuidas por la cláusula del progreso, habría dispuesto -entre las reglas generales establecidas con fines de coherencia y unificación nacional- que las jurisdicciones locales sólo podrían crear un único consejo profesional a cargo de la matrícula y gobierno de las profesiones reguladas en dicha norma y en función de tal premisa, concluye la accionante en la transgresión que la norma local habría consumado en relación al orden nacional que entiende preeminente (conf. art. 31 C.N.).

Dicho postulado no puede ser convalidado, en tanto importa una hermenéutica de la norma nacional que le asigna un dilatado alcance opuesto, en principio, no sólo a los preceptos constitucionales que sustentan las autonomías provinciales (arts. 5, 121, 122, 125 C.N.), sino a la interpretación que de los mismos -en el específico ámbito de la cláusula del progreso y de las atribuciones ejercidas por la Nación a partir de la misma en materia de profesiones liberales, así como las de las provincias en virtud de su poder de policía- ha reconocido la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en base a una doctrina erigida en torno al respeto y juego armónico de las facultades existentes en cabeza de ambos órdenes, que sólo determina que las facultades locales deban ceder, en función de la preeminencia del orden nacional, en casos extremos de “repugnancia efectiva” (Fallos 315:1013; 305:1094; 308:403; 300:402; entre otros).

En esta línea, se ha destacado que el poder de policía en el ejercicio de las profesiones regladas y los órganos de seguridad social vinculados al ejercicio de estas profesiones, corresponden a la capacidad decisoria de las provincias. Es capacidad no delegada por las provincias en la Nación de acuerdo a nuestra constitución histórica y así se mantuvo en la reforma de 1994 (conf. Alberto Antonio Spota, “Ejercicio de control sobre las profesiones regladas. El Estado delega en la sociedad. Legitimidad de la legislación provincial previsional en el ámbito de las profesiones regladas o denominadas liberales”, La Ley 1997-C, 647).

En la especie, la recepción de la interpretación que propugna la actora implicaría el desconocimiento de la autonomía provincial y del ejercicio de facultades indiscutibles del orden local en la materia. En función de ello, corresponde efectuar una interpretación racional de las normativas involucradas, en particular, de la Ley N° 20.488 que se reputa transgredida, la cual no sólo se adecua y resulta habilitada por el propio texto legal evaluado de manera integral (el cual, como lo destaca la parte demandada, se ha ocupado de dejar a salvo en diversos pasajes las facultades locales -art. 23 y 21 y conforme la propia redacción del art. 19 invocado por la accionante), sino que evita incurrir en la declaración de inconstitucionalidad de una norma local fundada exclusivamente en la asignación de un alcance a la norma nacional que se reputa transgredida, que se exhibe opuesto a las máximas y principios aplicables en la materia y que, por otra parte, no se desprende de su propio texto.

Se trata, simplemente, de aplicar la regla tantas veces expuesta por la Corte Nacional según la cual cuando dos interpretaciones de una ley son posibles, debe preferirse aquélla que implique adecuar el texto a las disposiciones constitucionales y no la que lo pone en pugna (Ver, a vía de ej., CSN 10/12/1996, LL 1997-C-810, citado en precedente de esta Sala registrado en L.S. 457-103).

Se tiene presente asimismo a tal fin que, como ha expresado la Sala, no puede válidamente admitirse la declaración de inconstitucionalidad de normas del orden local que han sido dictadas conforme lo dispuesto por la Constitución Provincial, en ejercicio de facultades propias por entender que contradicen una ley nacional, dictada en una época en que no eran emitidas por el Congreso de la Nación, destacando asimismo el carácter de última ratio que posee la declaración de inconstitucionalidad de una norma, en función de lo cual la inconstitucionalidad “sólo puede declararse cuando el agravio aparezca como serio, notorio, que signifique un menoscabo real o posible de producir, que suponga la desvalorización del derecho protegido por la Carta Fundamental” (LS. 280:482) y que cualquier duda en la interpretación de la norma impugnada debe conducir a imprimir en ésta una dirección que la haga compatible con el orden constitucional, de suerte que la colisión con el texto constitucional sólo puede derivar de un sentido claro, unívoco, del precepto normativo (L.S. 457-103).

A partir de tales postulados, no resulta necesario profundizar en aquellas direcciones en que discurren las partes en orden al carácter concurrente o exclusivo de las facultades de la Nación y de las provincias en la materia, sino adoptar una hermenéutica que concilie ambas normas en forma armónica, tal como lo posibilita una interpretación racional de toda la normativa involucrada.

Debe dejarse sentado especialmente que aquellos precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación citados por la accionante, no conmueven la conclusión a la cual se arriba en el presente.

En efecto, si bien tal como lo invoca la actora el Alto Tribunal Nacional ha expresado que “el poder de policía de las profesiones liberales es propio de los poderes locales (Fallos: 197:569; 302:231)” y que “…ello no obsta al ejercicio de facultades de esa índole por el Gobierno Federal, cuando deba �’proveer lo conducente a la prosperidad del país, el adelanto y bienestar de todas las provincias�’ (art. 67, inc. 16, de la Constitución Nacional; Fallos: 286:187; 298:732)”, y, sobre la base de la aplicación de dicha doctrina descalificó en virtud de su constitucionalidad normativa local emitida en la materia, ello tuvo un específico alcance frente a las particulares circunstancias del caso, en función de las cuales, v.g., que el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Buenos Aires no poseía facultades para adicionar otros requisitos para la inscripción de aquellos establecidos en el art. 2° de la Ley N° 20.488, debiendo prevalecer ésta (Fallos 305:1094). Tal hipótesis (desvirtuación de la norma nacional por la norma local so pretexto de reglamentación), como se ha fundamentado en el presente, no acaece en la especie.

Asimismo, en el precedente publicado en Fallos 315:1013 también invocado por la accionante, la Corte Suprema reiteró que no es dudosa la facultad de las provincias de reglamentar el ejercicio de las profesiones liberales derivada de su poder de policía y que el ejercicio de facultades concurrentes sólo puede considerarse incompatible cuando media una repugnancia efectiva (Fallos 239:343; 300:402), de tal modo que el conflicto deviene inconciliable y en función de ello entendió que ciertos preceptos de la ley provincial (en la especie, la N° 8144 de Entre Ríos), resultaban inconstitucionales al ser incompatibles con la letra y espíritu de la norma nacional (Ley 22.990) que estableció el régimen de utilización de la sangre humana, en ejercicio de las atribuciones que competen al legislador nacional en virtud del entonces art. 67 inc. 16 de la C.N. y en dicho específico marco, concluyó en que la ley local se oponía de manera inconciliable con la norma regulatoria de la cuestión en la ley nacional, reparando especialmente en los altos fines del legislador nacional en procura del bien común. Dicha situación tampoco resulta equiparable a la planteada en el presente.

En similar línea, otros supuestos en que la Corte Suprema descalificó en virtud de su inconstitucionalidad normas locales emitidas en relación a la materia (v.g. la Ley N° 7524 de la Provincia de Córdoba), también se basaron en la oposición de las mismas en relación a aquella regulación dada por el legislador nacional mediante normas de derecho común, evaluando para así resolver que las mencionadas regulaciones no eran meramente distintas sino plenamente antitéticas y que la oposición entre ambas sólo podía resolverse a la luz del art. 31 de la C.N. (Fallos 321:3108).

A diferencia de tales antecedentes, la aplicación al caso de aquellos principios generales sentados por la Corte Nacional, conducen a desestimar la inconstitucionalidad argüida. En particular, aquellos en virtud de los cuales ha especificado que las provincias pueden dictar leyes y estatutos que juzguen conducentes a su bienestar y prosperidad (Fallos 7:373; 174:105; 289:238), leyes de policía interior, de orden administrativo, de estímulo económico, en la que pueden encontrar traducción la variedad de sus intereses y condiciones locales, y también leyes adjetivas que instrumenten las fundamentales dictadas por la Nación, manteniéndose siempre en el límite de los poderes no delegados (arts. 121, 122 y 125 de la Constitución Nacional) y que dentro de dichas facultades y poderes no delegados se encuentra la de reglamentar el ejercicio de las actividades profesionales dentro de sus jurisdicciones, en la medida en que con dicha reglamentación no se alteren sustancialmente los requisitos que al efecto exige la norma nacional (Fallos 320:89; en similar sentido, Fallos 323:1374).

En época más reciente el Alto Tribunal Nacional se pronunció, con remisión al dictamen de la Procuradora Fiscal (Fallos 338:155), revocando la sentencia de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, que había declarado la inconstitucionalidad del Decreto-Ley Nacional 6070/58 y la plena vigencia de la Ley Provincial N° 8.801 en el control y gobierno de la matrícula de los profesionales de la agronomía que residen y actúan en el territorio provincial o que, en razón de su actividad profesional, deban acudir ante reparticiones públicas del Estado Nacional allí radicadas. A dicho fin, recordó sus precedentes en función de los cuales reconoció “…la atribución provincial de reglamentar la práctica de las profesiones liberales en sus respectivas jurisdicciones, siempre que con dicha reglamentación no se alteren sustancialmente los requisitos exigidos en la norma nacional (conf. Fallos: 320:86 y 2964; 323:1374), pues ésta es suprema respecto de la provincial como lo dispone la Constitución en su art. 31, en función de cuyos fines y del interés general en juego debe ser establecida la preeminencia (conf. Fallos: 315:1013; 323:1374)”, concluyendo por aplicación de tal doctrina que tratándose en el caso de una norma federal destinada a regular el ejercicio de la agrimensura en jurisdicción nacional o ante autoridades o tribunales nacionales, siendo atribuciones del Congreso para dictar normas con relación a las actividades profesionales en establecimientos y organismos nacionales situados en las provincias (mientras que la ley local involucrada circunscribía su ámbito de aplicación al ejercicio de las profesiones atinentes a las Ciencias Agropecuarias dentro del ámbito provincial), se configuraba un razonable ejercicio de las atribuciones que le competen al legislador nacional, no advirtiéndose la existencia de un conflicto que permitiera concluir en la declaración de inconstitucionalidad de la norma impugnada.

Es decir, allí el Alto Tribunal reiteró los principios ya sentados en orden a las facultades respectivas y sus ámbitos de actuación y la aplicación al caso de los mismos, lo condujo a desestimar la incompatibilidad entre las normativas involucradas, a partir de una interpretación de las mismas y de sus alcances en procura de su avenimiento. Dicha línea de razonamiento, conduce en la especie, como se ha fundamentado, a descartar la incompatibilidad argüida entre las regulaciones de ambos órdenes estaduales.

Conclusión:

En función de todo lo expuesto hasta el presente, corresponde desestimar la inconstitucionalidad planteada en torno a la Ley N° 8.765.

Así voto.

Sobre la misma cuestión los Dres. NANCLARES y GOMEZ, adhieren al voto que antecede.

SOBRE LA SEGUNDA CUESTION EL DR. ALEJANDRO PEREZ HUALDE, DIJO:

Corresponde omitir pronunciamiento sobre este punto, puesto que ha sido planteado para el eventual caso de resolverse afirmativamente la cuestión anterior.

Así voto.

Sobre la misma cuestión, los Dres. NANCLARES y GOMEZ, adhieren al voto que antecede.

SOBRE LA TERCERA CUESTION EL DR. ALEJANDRO PEREZ HUALDE, DIJO:

Atento como han sido resueltas las cuestiones anteriores, las costas se imponen a la parte actora vencida (Art. 36 del C.P.C.).

A los fines regulatorios se advierte que la pretensión ejercida, se refiere al planteo de inconstitucionalidad de una norma provincial (Ley N° 8.765), la cual no tiene traducción económica directa, máxime si se advierte el carácter declarativo de esta acción, por lo cual la regulación de honorarios debe realizarse conforme a las pautas establecidas en el artículo 10 de la Ley n° 3641. A dichos efectos, se tiene en cuenta los argumentos expresados por las partes en sus escritos de traba del litigio (fs. 11/20; 150/169; 173/175; 186/190), y en los alegatos (fs. 271/276; 278/282; 284/285; 288/291); que se incorporó prueba instrumental e informativa; la duración del proceso y, por último, se valora la efectiva labor desplegada por cada uno de los profesionales intervinientes en el proceso. Por estas razones se estima justo fijar en $ 40.000 el patrocinio total de la parte ganadora.

Por su parte, por la cautelar desestimada a fs. 132/135, corresponde regular honorarios profesionales, sobre la base de los arts. 9, 10 y ccs. de la Ley N° 3.641, sobre el monto de $ 13.333, para la parte vencedora en dicha incidencia.

Así voto.

Sobre la misma cuestión, los Dres. NANCLARES y GOMEZ, adhieren al voto que antecede.

Con lo que terminó el acto, procediéndose a dictar la sentencia que a continuación se inserta:

S E N T E N C I A:

Mendoza, 01 de septiembre de 2.017.

Y VISTO:

Por el mérito que resulta del acuerdo precedente la Sala Primera de la Excma. Suprema Corte de Justicia de la Provincia fallando en definitiva,

RESUELVE:

1°) Rechazar la acción de inconstitucionalidad deducida, a fs. 11/20, por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Mendoza.

2°) Imponer las costas del proceso a la parte actora vencida (art. 36 del C.P.C.).

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